A consecuencia de la crisis del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que exhibió los errores y los abusos de los indolentes gobiernos de los últimos años, nos llevaron a la aberración de crear el círculo vicioso de una estrategia ecológica.
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Como elemento central encontramos la incompetencia de los distintos gobiernos de los últimos años, que, bajo una decisión cómoda, dejan el problema para que lo resuelvan los gobiernos siguientes. Tomamos conciencia de la gravedad del problema cuando enfrentamos la contaminación del agua que consumimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, íntimamente ligada a los problemas que envenenan la Cuenca del río Lerma.
De un golpe quedaron involucradas las administraciones federales, estatales y municipales, ante el costo económico de sanear el daño causado a los recursos naturales, con la actitud permisiva con los contaminadores de la Cuenca.
Los factores fueron evidenciados por la decisión federal de llevar caudal a Guanajuato desde Chapala, propósito que generó inconformidad por el daño que representa para el lago. Mostró además como los gobiernos en lugar de enfrentar los problemas de fondo, tratan de resolver los efectos, aún con el costo que significan.
Aunque no hay un pronunciamiento concreto de la idea, que manifieste la intención del gobierno federal, aparece una enorme contradicción. Por decenios se ha considerado como uno de los mayores contaminantes de la Cuenca, la industria de la curtiduría. En los intentos que se hicieron en la década de los noventa por sanear la Cuenca, una acción considerada prioritaria era el tratamiento de las aguas de dicha industria.
Ahora resulta, que además del enorme costo económico que representa la obra civil para canalizar aguas para la ciudad guanajuatense, implicaría el complemento del tratamiento de las aguas, que la norma ecológica laxa permite a la industria
envenenarlas.
Obviamente nos hemos olvidado de que parte del problema de las aguas contaminadas que consume la Zona Metropolitana, además de las dañadas por las poblaciones e industrias ribereñas, son las contaminadas por la industria guanajuatense y que en
nuestro caso, el costo de dicho tratamiento lo tendrán que cargar los usuarios domésticos.
Como corolario, con la lógica del gobierno federal, en lugar de tratar las aguas en su origen antes de verterlas a la Cuenca, tendrán que regresarlas contaminadas a León, con el enorme costo de obra civil que significa, para que ellos traten las aguas dañadas
por su industria.
En tanto se siguen invirtiendo enormes cantidades para atender el volumen y tratamiento para el uso y el consumo, debiera empezar a enfrentarse de manera integral el problema. Ejemplos exitosos los encontramos en otros países. Parte sustancial de la solución es hacer responsables a los contaminadores, esto es, las empresas que aumentan sus utilidades a cargo de la salud de la población.
Los gobiernos, en especial el federal a quien le corresponde emitir las normas ecológicas, asumen una posición cómoda y convierten el problema ecológico en la paradoja que nos envenena, tratan de atender los efectos dejando de lado las causas,
incapaces de afrontar el reto de resolver en el origen.