Hay condenas políticas que sobreviven mucho más tiempo que las supuestas evidencias que alguna vez pretendieron sostenerlas. Una de ellas es la que durante décadas acompañó a don Guillermo Cosío Vidaurri por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara.
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Treinta y cuatro años después, el propio Centro Nacional de Prevención de Desastres mantiene como explicación que las explosiones fueron provocadas por un derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura de Álamo Industrial.
El combustible penetró al alcantarillado y sus vapores quedaron acumulados hasta encontrar una fuente de ignición.
Los documentos legislativos de aquellos años recogieron además peritajes sobre problemas de corrosión y deficiencias de protección en infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Nada de esto disminuye el dolor de las víctimas, pero conocer el contexto real permite hacer justicia histórica con relación a la responsabilidad causal.Era otra época.
Y no obstante que en el viejo PRI había vicios enormes suficientemente documentados, todavía existían actores políticos con probada trayectoria y vocación de servicio, que conservaban algo que hoy parece escasear: pudor frente al ejercicio del poder.
Guillermo Cosío pidió licencia ocho días después.Ante una tragedia de esa dimensión, el gobernador asumió el costo político aunque el origen técnico del desastre no estuviera en su escritorio.Y la historia posterior dice mucho.
En 1994, México nombró a Guillermo Cosío Vidaurri embajador extraordinario y plenipotenciario en Guatemala. Su nombramiento está registrado oficialmente el 21 de junio de aquel año; presentó cartas credenciales el 18 de agosto y representó al país hasta febrero de 1996.No cualquiera representa a México ante otra nación.
Tampoco se trataba simplemente de que el Presidente decidiera entregar una embajada. El nombramiento de Guillermo Cosío pasó por el Pleno del Senado de la República, como correspondía al procedimiento constitucional de ratificación de los representantes diplomáticos mexicanos.
Dos años después del 22 de abril, don Guillermo volvió a someter su nombre al escrutinio de una de las instituciones del Estado mexicano y recibió la aprobación moral para representar a México en el exterior.
No era un nombramiento menor ni una responsabilidad meramente administrativa: un embajador habla y actúa en nombre del país.
A ello se sumaba otro filtro que ningún presidente mexicano podía controlar: Guatemala tenía que concederle su beneplácito y podía negárselo.Ese detalle importa.
Un embajador representa mucho más que a un gobierno. Lleva consigo el nombre de México y debe ser considerado apto para hacerlo tanto por las instituciones de su propio país como por la nación que lo recibe.
Guillermo Cosío fue aceptado por Guatemala, ejerció la representación mexicana durante cerca de dos años y, al terminar su misión, ocurrió algo todavía más significativo: el gobierno guatemalteco le concedió la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, una de sus mayores distinciones.
Es decir, la nación que lo recibió como representante de México terminó reconociendo públicamente la manera en que desempeñó esa responsabilidad.Eso también forma parte de la historia.
El hombre que había dejado el Gobierno de Jalisco en medio de uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia regresó al servicio público, pasó por *el escrutinio del* Pleno del Senado de la República, recibió el beneplácito de otra nación, representó dignamente a México y terminó reconocido por el propio país ante el cual había sido acreditado.
La historia no absuelve por nostalgia, pero tampoco debe condenar por costumbre.Tal vez la reivindicación de Guillermo Cosío consista simplemente en volver a mirar los hechos completos, situados en la verdad de circunstancia y contexto.
Entender que asumió una responsabilidad política cuando las circunstancias así lo exigieron, aun cuando con el tiempo la explicación técnica de la tragedia apuntó hacia otro ámbito.
Y entender también que después de aquel episodio siguió existiendo confianza institucional en su persona, dentro y fuera de México.
Hay algo incluso más importante: el juicio inmediato pertenece a la política; el juicio que permanece debería pertenecer a los hechos.
Hay trayectorias que no necesitan ser defendidas sin sustancia. Basta poner los documentos sobre la mesa, dejar pasar los años y permitir que cada hecho encuentre finalmente su lugar.
En el caso de don Guillermo Cosío Vidaurri, la distancia histórica empieza a hacer justamente eso.