La juventud se está moviendo en varios países de Europa, América y Asia. El abril estadunidense, el mayo francés, el octubre mexicano de 1968 parecen regresar, aunque las demandas son diferentes y las condiciones de los gobiernos y la sociedad también. Desde luego las exigencias no solo son legítimas, sino de urgente atención por parte de las autoridades, quienes con sus políticas han orillado a que los jóvenes tomen las calles, pero también a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados. Así, las juventudes se están moviendo en Francia, Italia, Albania, Alemania, Bélgica, Portugal, India, Argentina y Estados Unidos.
Te recomendamos:
Resentimiento municipal con seguridad pública en Tlajomulco
Luchan contra el costo de la vida, las pocas oportunidades de empleo de calidad, la dificultad para acceder a una vivienda digna, contra los sistemáticos recortes de presupuestos a la salud y la educación, contra la corrupción, la inseguridad y la entrega de riquezas nacionales a los grandes capitales, como el caso de Albania donde los reclamos son por un proyecto turístico depredador en el que está involucrado Jared Kushner, yerno de Donald Trump.
La problemática central es la brutal reducción de las capacidades del Estado para atender las necesidades básicas de la población, al tiempo que continúa con el adelgazamiento del sector público, aunado a un mayor presupuesto para la guerra a la cual no quieren ir los jóvenes.
Lo que estamos presenciando es una muestra más de la crisis sistémica, y no coyuntural, del agotado capitalismo que no encuentra la manera de crecer sin endeudarse, de detener la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y de no construir las estructuras necesarias para democratizar el acceso al desarrollo humano de la sociedad.
Frente a ello, los gobiernos continúan con la mirada puesta en las consecuencias de un sistema agotado, y en lugar de atender las causas del descontento, criminalizan a la población movilizada. El gobierno italiano de la ultraderechista, Giorgia Meloni anunció nuevas medidas de seguridad –que incluyen detener a menores de edad y desplegar 500 soldados en Milán– para hacer frente a las movilizaciones juveniles. El nuevo decreto de seguridad crea el delito de “participación violenta en manifestaciones”, donde establece que desde los 14 años podrán ser sujetos a detención preventiva, y obliga a sus padres a pagar por los daños que causen. El decreto, que entró en vigor de forma inmediata, debe convertirse en ley por el Parlamento en un plazo de 60 días.
Así, los gobiernos han respondido a las expresiones de descontento con estrategias represivas brutales que no han hecho más que echar combustible al incendio social. Responder con más violencia a las legítimas movilizaciones y reclamos de la sociedad, lo único que generará es mayor violencia y desestabilidad. Los gobiernos deben entender que su principal obligación es velar por la construcción de mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos y no, reprimirlos cuando la sociedad exige sus derechos.