Pequeños y medianos empresarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara señalan que el excesivo celo regulatorio y los presuntos actos de extorsión por parte de inspectores gubernamentales amenazan la continuidad de sus negocios, obligando a muchos al borde del cierre.
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La paradoja de la política ecológica
Un representante del sector microempresarial, con más de 15 años de trayectoria en la entidad, advirtió sobre el impacto acumulado que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Entre los principales factores de presión destacan:
- Aumentos operativos: Incrementos consecutivos al salario mínimo y mayores cargas en la seguridad social.
- Fallas en servicios básicos e infraestructura: Ineficiencias en el suministro de agua e inseguridad pública.
- Inspecciones punitivas: Revisiones recurrentes por parte de dependencias como la Secretaría del Trabajo de Jalisco, donde los inspectores aplican criterios variables y exigen excesiva documentación administrativa.
Denuncias de presunta corrupción
De acuerdo con testimonios del sector, diversos comerciantes formales refieren que las visitas de inspección suelen derivar en amenazas de clausura inmediata y solicitudes de aportaciones económicas informales a cambio de permitirles operar.
“Ya no pido que el Gobierno me dé, solo que no me quite y me deje trabajar”, expresaron representantes afectados, quienes denuncian un entorno de atosigamiento en lugar de esquemas orientativos o de acompañamiento para el cumplimiento de la norma.
Impacto económico en la entidad
Las MiPyMEs constituyen un pilar fundamental para la economía local y nacional, al representar más del 98% de las unidades económicas del país y generar aproximadamente 7 de cada 10 empleos formales.
A pesar de las campañas oficiales para la atracción de inversiones en el estado, empresarios locales señalan una falta de garantías para la retención y protección de los negocios ya existentes.