Al cierre de su mensaje que compartió anteayer en redes sociales, en el que reconoció la brutalidad policiaca en contra de los manifestantes el domingo pasado fuera de Casa Jalisco, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro expresó:“Quiero decirlo con claridad: El servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentarán las taifas de agua que paga la ciudadanía. Una cosa más: No se va a entregar el servicio de agua potable a ninguna empresa israelí. Tienen mi palabra”.
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En julio de 2019, su entonces compañera alcaldesa de Tlaquepaque, también de Movimiento Ciudadano, María Elena Limón García, declaró públicamente: “El señor Pablo (…) es un soberano mentiroso…”.
Siete años después del calificativo que le endilgó Limón García, “el señor Pablo” le asegura a los jaliscienses que “tienen mi palabra”, y que “no se privatizará” el servicio de agua potable, que “no aumentarán las tarifas” y que “no se contratará deuda” en la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara -que tendrá un costo de casi 12 mil millones de pesos-, cuya iniciativa entregó en días pasados al Congreso del Estado y que hoy inicia la discusión del turno en el pleno. Se pronostica un “agarrón” legislativo por varios días o semanas.Pero, ¿creemos en la palabra del Gobernador?
En menos de dos años de gobierno, Lemus Navarro perdió ya toda credibilidad entre los jaliscienses.Jesús Pablo entregó una iniciativa que propone un esquema de inversión denominado “Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) que le abre la puerta a la inversión privada y que, a decir de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “representa la privatización de los servicios”, “ese esquema de financiamiento puede llevar a la operación privada del agua”. “Nosotros no estamos de acuerdo con ese esquema”, advirtió Sheinbaum Pardo el lunes pasado.La presidente de la República dijo tajante: “Nosotros no estamos de acuerdo con apoyar la privatización del servicio de agua”.
¿A quién le creemos entonces? ¿Al “señor Pablo”, gobernador de Jalisco, que el lunes culpó a un grupo de choque de 400 personas que generaron la violencia el domingo, pero que el martes cambió de parecer y reconoció que su policía ´”cometió excesos”, que su operativo tuvo “graves deficiencias” y “graves errores” y que “hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”? ¿O a la Presidente de la República y a la CONAGUA que revisaron, estudiaron y analizaron la iniciativa del gobernador?
En una palabra: Para la Presidencia de la República, para el Gobierno Federal, para la presidente Claudia Sheinbaum, para la CONAGUA, y seguramente para la Secretaría de Hacienda -que aún no ha dado su aval-, el esquema CMRO representa privatizar el servicio de agua potable para los habitantes de la zona metropolitana.
Pero para el gobernador Jesús Pablo Lemus, el esquema CMRO no significa privatizar el servicio del agua a la urbe y por eso se “amacha”, propone en su iniciativa que en esta obra haya inversión privada y no tiene intenciones de modificarlo, confiando en que obtendrá en el Congreso del Estado los 26 votos necesarios para aprobar su iniciativa con el esquema que rechaza el gobierno Federal.
O sea, el Gobernador de Jalisco mide fuerzas con la Presidente de la República.Pero las bancadas legislativas de MORENA, Hagamos, Futuro y del Partido del Trabajo se alinean a la postura del Gobierno Federal y la presidente Sheinbaum, y mantienen su decisión de no votar la iniciativa enviada por Lemus -con lo que el Mandatario sumaría otro fracaso-, pero presentan otra opción para financiar la obra: “La obra podría construirse entre 2 a 3 años y medio. Esto podría resolverse con los presupuestos de 2027 y 2028, y si hace falta, de 2029. Con 2,538.3 mdp al año, en dos años se puede contar con 5,076.6 mdp y en tres años, 7,614.9 mdp.
“El recursos faltante, en caso de ser necesario, puede resolverse con el siguiente esquema: Reasignar presupuesto, hasta 3,500 mdp por ejercicio fiscal; aportación de los municipios que integran el SIAPA, de acuerdo a su capacidad; y crédito a corto plazo para pagarse en la presente administración”.
Así, pues, alternativas al proyecto de Lemus las hay. Que Lemus se “aferre” -por quién sabe qué intereses- a que se aplique el esquema de CMRO, ya significa una disyuntiva entre privatizar o no el servicio de agua potable y endeudar o no al Estado.
Por lo pronto, el “balón” está en la cancha del Congreso del Estado, pero es importante preguntar: ¿Usted cree en la palabra de Lemus?
… Yo tampoco.
Columna publicada en: ¿Usted cree en la palabra de Lemus?