Con manejo superficial del tema de la delincuencia organizada, el Gobierno Federal creó un falso argumento, la Soberanía del Estado, concepto reiterado de la titular del Ejecutivo Federal para proteger a personajes ligados a su partido, señalados como violadores del derecho penal en fiscalías norteamericanas.
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Aunque en estricto sentido quienes debieran opinar son las instancias establecidas en el Convenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.
Acostumbrados como estamos a la colusión entre funcionarios y delincuentes, nos encontramos frente a un escándalo al que no debería estar sujeta una entidad democrática. El tema electoral que, si bien tenía contaminación, no había presentado a la delincuencia organizada como protagonista de la estrategia electoral.
Empecemos con el círculo de López Obrador, que sin recato alguno se alió con delincuentes, intercambiando posiciones de poder y operación, por recursos económicos y acciones delictivas contra candidaturas opuestas a su corriente, en propuestas a gobiernos de estados, municipios y otros puestos de elección.
En el camino se cometieron todo tipo de delitos por los delincuentes tradicionales, operadores electorales y los autores intelectuales.
No fue tampoco digna la actuación del gobierno mexicano, que se rompe las vestiduras con el término de soberanía y autodeterminación, en tanto viola la normatividad al entregar delincuentes, en proceso de defensa de la extradición.
Cuando avanzan las investigaciones primero se señala en trascendidos de la prensa norteamericana, al exsecretario de gobernación y exgobernador de Tabasco, por abusos y asociación con la delincuencia organizada.
En segundo lugar, aparece el gobernador de Sinaloa con funcionarios, al ser acusado de acordar apoyos económicos a campañas electorales, además de coordinar estrategias, recursos y acciones para Morena, con el compromiso de proteger y permitir la comisión de hechos delictivos en operaciones de gobierno, en especial de seguridad pública.
El tercer caso es el del hijo de López Obrador, que por sus manos pasaban contratos y adquisiciones de gobierno, sin olvidar los negocios a costa de la industria petrolera y el fisco, entre otras acciones, además de operar con los grupos de la delincuencia.
Por su parte el gobierno norteamericano como acostumbra, cuando lo necesita se asocia con las bandas y cuando no le sirven las persigue, como sucedió con Mata Ballesteros en Honduras y Manuel Antonio Noriega en Panama. Ahora en Venezuela se aprovecharon de los viciados procesos de gobierno con que operaban los sucesores de Hugo Chávez.
En el contaminado proceso aparece el gobierno panista de Chihuahua, como aliado de una agencia norteamericana de espionaje, investigando un tema de competencia federal, con el enorme rezago que sufre el estado en delitos del fuero común.
Circunstancia que aprovecha el Gobierno Federal para lavar la culpa propia y tachar al gobierno estatal de traidor al país.
Aparecen distintos elementos en las opuestas tesis, además de que sus posiciones son interesadas, oportunistas y coyunturales, que coinciden todos en tener un interés distinto al que expresan. Son protagonistas el Gobierno Federal de México, el Gobierno Federal Norteamericano, el gobierno de Chihuahua y como cereza del pastel las bandas del crimen organizado.
Como ejes tenemos las elecciones de noviembre de representantes de Norteamérica, con tendencia a perder el Partido Republicano y la elección del año venidero en el país, en que Morena partido en el poder, va en caída libre. Todos tienen un motivo diferente del que presumen. En medio se encuentran los actores de distinto signo, que, con histeria tratan de salvar carreras e intereses.
La población que observa con cierto desconcierto, pudiera decir como el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.