Entre lo que hacen las gobiernos y lo que la sociedad requiere, existe una brecha considerable, que nos ubica como sociedades subdesarrolladas económica, social y democráticamente.
Te recomendamos:
Los intereses y los objetivos de la sociedad y las administraciones públicas, son distintos y en la mayoría de los casos, contrarios.
Los procesos electorales, que de por si venían viciados, en las últimas elecciones recibieron fuerte impacto con los cambios instrumentados por el gobierno federal, que ahora dominan la estructura federal y la de estados y municipios.
Eso nos dice que lo que ya estaba desvirtuado, aunque de alguna manera limitado por la intervención de los movimientos sociales, contra los intereses de grupos y partidos, en los últimos años fue destruido, para permitir acciones, que en muchos de los casos quedan enmarcados dentro de la legislación penal.
Lo menos que se puede argumentar, es que por distintas razones hay una constante y fuerte manipulación de los recursos públicos y de la aplicación del Derecho, en perjuicio de los procesos democráticos.
El gobierno federal del actual periodo, presionado por la enorme deuda pública que le heredó la anterior administración, entre el gasto caprichoso de su líder y la aplicación de programas asistenciales para la
manipulación electoral, se vio obligado a buscar recursos.
Contra su visión de izquierda, operaron la tesis del economista británico Keynes, de la virtud de la circulación de la riqueza. Todo ello para tratar de detener la inflación y el aumento de precios, que caminan hacia una crisis financiera nacional.
Entre otros aspectos, queda constancia que en el INFONAVIT operado ahora por quienes destruyeron la estructura de PEMEX, han creado un sistema de construcción de vivienda, lo que en su opinión alentará el movimiento financiero en el país.
Lo que no dicen es que se están utilizando los recursos de los trabajadores y exponiéndolos a sufrir desfalcos, de los que hay constancia permanente en anteriores gobiernos.
Otra acción recurrente de los gobiernos es que, con cualquier pretexto o necesidad social, inventan construcción de obra pública o adquisición de bienes, que la voz popular considera como maniobra de los funcionarios en turno para obtener ilegales porcentajes. Casos parecidos suceden en Jalisco, entre otros con la adquisición de vehículos para el transporte público, que sigue con las fallas de siempre y cada administración vende como la solución definitiva.
Por su parte los municipios gastan dinero en adquisiciones para obras que si bien muchos de ellos pudieran ser necesarios no son de importancia prioritaria, por lo que debieran hacer otros proyectos, que atiendan las necesidades emergentes, en especial de las zonas marginadas.
Tal hecho sucede, con los cientos de millones de pesos invertidos en seguridad pública, en adquisición de cámaras y tecnologías o en construir edificios para las policías, que dejan de lado lo que de sentido común necesitan, depurar y contratar personal eficiente y calificado y la adquisición de vehículos suficientes para el patrullaje.
Así vemos como se realizan obras costosas para mejorar vías, con alta inversión en concreto y amplían líneas de transporte para simple lucimiento del administrador en turno, en tanto las colonias marginadas continúan su calvario, con la ausencia de los servicios elementales. Así como de la prestación de una deficiente atención al público.
Desgraciadamente esto ha sido así durante varios Gobiernos, y actual me ten el proyecto de las tarjetas yo Jalisco no ha sido cuantificado en el derroche de recursos que hay ahí….