Ya acabó el Mundial para Jalisco. El balón dejó de rodar, las luces bajaron y la ciudad volvió a su rutina. Pero en muchas colonias de Zapopan hay una realidad que no se fue con los visitantes: el problema del agua sigue vigente, crudo, cotidiano y profundamente injusto.
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El Movimiento Colonias Unidas por el Agua, encabezado por Ángel Mejía Suárez, representa a más de 50 colonias del sur poniente de Zapopan que llevan años haciendo lo que ninguna familia debería tener que hacer: organizarse para exigir agua limpia, suficiente y segura. No piden privilegios. No piden trato especial.
Piden lo básico: que el agua que llega a sus casas no salga café, negra o gris; que no huela a drenaje, huevo podrido o azufre; que no tenga sedimentos visibles ni represente un riesgo para la salud de sus familias.
La información presentada por el movimiento señala algo todavía más delicado: estudios científicos de la Universidad de Guadalajara habrían confirmado contaminación fecal y presencia de metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y manganeso.
Y aquí hay que decirlo con justicia: la Universidad de Guadalajara, como lo ha hecho tantas veces en la vida pública de Jalisco, vuelve a contribuir al bienestar de la población del estado.
Cuando una comunidad denuncia y no es escuchada, la ciencia pone datos donde otros ponen evasivas; da sustento técnico a una exigencia que no nació de la politiquería, sino de abrir la llave y encontrar agua que ninguna familia debería recibir.
Porque una cosa es tener problemas de presión o cortes temporales, y otra muy distinta es que el agua de la red oficial llegue a las casas con indicios de contaminación. Ahí el tema deja de ser administrativo y se vuelve sanitario, jurídico y moral.
Una familia no puede bañarse con boletines. Una madre no puede cocinar con estadísticas maquilladas. Un adulto mayor no puede tomar promesas mientras espera que el SIAPA conteste el teléfono.
Además, existe un rumor que ya circula con fuerza entre vecinos y liderazgos: que no se estaría dando mantenimiento suficiente a la red de agua porque se busca deteriorar el servicio público para después justificar su privatización.
Ese señalamiento debe investigarse con seriedad, sin ligereza, pero tampoco con ingenuidad. Porque si por privatizar se entiende trasladar al mercado la garantía del derecho humano al agua, convertir la necesidad básica en negocio o retirar al Estado de su obligación constitucional, entonces estaríamos ante una ruta inconstitucional.
El artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y ordena que el Estado garantice ese derecho.
El artículo 1º obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el artículo 115 establece que los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. No es opcional. No es decorativo. No es discurso de campaña. Es mandato constitucional.
La Ley General de Aguas también refuerza esa ruta: su objeto es definir el contenido del derecho humano al agua y establecer disposiciones para garantizar su acceso equitativo y sustentable; además, reconoce a los organismos operadores de agua como entes encargados de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
En cristiano: puede haber coordinación, apoyos técnicos o soluciones administrativas, pero no renuncia del deber público. Y hay otro punto que no debe perderse: el Estado tampoco tendría por qué pagarle a un intermediario para garantizar agua limpia si puede usar el recurso público para hacer las cosas bien desde el origen.
Lo sensato no es encarecer la solución con capas de negocio, sino invertir en mantenimiento real, potabilización, purga de líneas, renovación de infraestructura, supervisión técnica y transparencia. Si hay dinero para grandes eventos, debe haber dinero para que una familia abra la llave sin miedo.
Por eso el movimiento plantea amparo colectivo, emergencia sanitaria, pipas certificadas mientras se corrige la infraestructura y un frente común contra cualquier intento de privatizar lo que pertenece al terreno de la dignidad humana.
El agua no puede ser mercancía cuando está ligada a la salud, a la higiene, a la vida diaria y a la paz de una familia.
Jalisco puede organizar un Mundial, claro que puede. Pero la verdadera modernidad no se mide solo en estadios, rutas turísticas o fotografías de promoción. Se mide también en la calidad del agua que llega a las colonias, en la respuesta a los reportes, en la inversión pública bien aplicada y en la capacidad de un gobierno para escuchar antes de que la indignación se vuelva sentencia política.
Si no se hacen bien las cosas, el caso del agua y el SIAPA puede convertirse en el Waterloo de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Porque nadie permitiría que se privatice un derecho humano. Menos aún cuando sí hay recursos públicos para resolverlo, si ahora sí se aplican como debe ser: con técnica, con transparencia y con respeto a las familias que llevan demasiado tiempo esperando agua limpia.