Ayer la historia de Norteamérica sufrió un terremoto político y cultural cuyas réplicas se sentirán por generaciones: contra todos los pronósticos, venciendo maquinarias multimillonarias y discursos de odio, Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas arrasaron en las urnas durante las elecciones de medio término para convertirse en los nuevos gobernadores de los dos estados más poderosos y emblemáticos de la unión americana.
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Sin embargo, en medio de la euforia, resulta indignante escuchar a las cadenas de televisión y a la élite política de Washington referirse a ellos bajo la tibia y genérica etiqueta de “latinos”, un eufemismo diseñado para diluir la sangre y borrar la memoria. Llamemos a las cosas por su verdadero nombre y con la frente en alto: ni Becerra ni Hinojosa son una estadística étnica abstracta; son orgullosamente mexicanos, herederos directos de una raza indomable que jamás pidió permiso para triunfar.
Becerra llega al máximo cargo de California llevando en la sangre el temple de Guadalajara, Jalisco, tierra natal de su madre, demostrando que el hijo de inmigrantes que cruzaron la frontera con doce dólares en la bolsa estaba destinado a hacer historia. Pero si lo de California es un hito monumental, la hazaña de Gina Hinojosa en Texas raya en la épica pura.
Desafiando todas las apuestas políticas, Hinojosa inició su cruzada prácticamente sola, enfrentando al aparato ultraconservador con una valentía que hoy es leyenda: desfilando con la frente en alto enfundada en un radiante traje de charro blanco, símbolo supremo de nuestra identidad. Con esa armadura cultural, Hinojosa derribó siglos de exclusión para convertirse en la primera gobernadora mexicana de Texas en toda la historia; una proeza inédita que jamás ocurrió ni en la época virreinal antes de ser México, ni en el México independiente, ni durante la fugaz república texana, ni mucho menos tras su anexión a los Estados Unidos.
Con los triunfos de ayer, el mapa geopolítico de la frontera sur estadounidense vive una alineación inédita bajo la bandera del Partido Demócrata. California queda en manos del jalisciense Xavier Becerra; Arizona mantiene el liderazgo firme de Katie Hobbs; Nuevo México hace historia pura con la victoria de Deb Haaland, quien se consagra como la primera mujer nativa e indígena en ocupar la gubernatura de ese estado; y Texas rompe sus cadenas con Gina Hinojosa.
Este corredor fronterizo demuestra una verdad absoluta que ningún decreto en Washington podrá alterar jamás: aunque administrativa y políticamente esos cuatro estados pasaron a manos estadounidenses tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, jamás podrán desprenderse de sus raíces mexicanas ni en lo más mínimo, porque la tierra reconoce a su gente y la sangre siempre vuelve a reclamar su lugar.
Lo que el mundo presenció ayer en las urnas estadounidenses es la coronación definitiva de nuestro soft power. Sin disparar una sola bala, sin ejércitos y sin necesidad de una guerra de intervención, los 60 millones de mexicanos en Estados Unidos han permeado las entrañas de la máxima potencia mundial con la fuerza invencible de su cultura, su gastronomía, su ética de trabajo y su resiliencia familiar.
Esa nación mexicana que late del otro lado del Río Bravo produce hoy una riqueza equivalente a un Producto Interno Bruto superior al que generamos todos los que habitamos dentro del territorio nacional, sosteniendo simultáneamente al gigante del norte y a millones de hogares en México.
La 4T cierra puertas a sus propios hijos
Frente a la gloria conquistada ayer en Sacramento y Austin, resulta todavía más dolorosa, mezquina y vergonzosa la bofetada que el propio Estado mexicano por medio de la 4T acaba de propinarle a su diáspora. Mientras en Estados Unidos los hijos de México alcanzan las gubernaturas de California y Texas, en su propia patria ancestral se consumó un acto de discriminación institucional mediante la reforma a los Artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Avalada por el Congreso de la Unión y declarada formalmente aprobada por el Senado el pasado 6 de octubre de 2026 tras el voto de 22 legislaturas estatales, esta modificación exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, obligando a cualquier aspirante a renunciar a su otra ciudadanía antes de registrarse a partir del proceso electoral de 2028.
Es una paradoja cruel que debería avergonzar a la clase política nacional: los mismos 60 millones de mexicanos que sostienen la economía patria con remesas históricas y que hoy gobiernan los territorios que alguna vez nos fueron arrebatados, han sido degradados por su propio gobierno a mexicanos de segunda clase.
Con esta reforma excluyente y retrógrada, la 4T les cierra la puerta en la cara y les prohíbe contender en el futuro por los máximos cargos de elección popular en ese México que tanto aman, castigando su binacionalidad como si el haber nacido o crecido al otro lado del río fuera un pecado y no una gesta de supervivencia.
Ayer quedó demostrado que la sangre mexicana tiene la grandeza necesaria para gobernar California y Texas; falta ver cuándo tendrá el gobierno del régimen de la 4T la altura moral para dejar de temerle y discriminar a sus propios hijos.