La madrugada del 3 de agosto, las calles de El Salto, Jalisco, fueron el escenario de una tragedia que desnuda la putrefacción de nuestro sistema de justicia. En la oscuridad, a bordo de una camioneta oficial del Estado, Amisadab Murillo, escolta de un mando de la Policía Estatal, le arrebató la vida a su pareja con cuatro disparos. Posteriormente, el agresor se quitó la vida.
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Las crónicas policiales, en un acto de cobardía editorial y ceguera institucional, se apresuraron a catalogar el horror bajo un término jurídico inexistente y ridículamente eufemístico: “suicidio ampliado”. Redujeron a la víctima a “una mujer”. Pero ella tenía nombre, rostro y una vocación que vuelve este crimen doblemente desgarrador. Fue un feminicidio, y la víctima era Jessica
Cárdenas.
Jessica no era cualquier persona. Era una abogada brillante, descrita por sus colegas como una mujer extraordinariamente inteligente. Paradójicamente, trabajaba en el Juzgado Segundo de Control especializado en violencia de género, con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Guadalajara.
Conocía la ley, trabajaba en las entrañas de la institución responsable de proteger a las mujeres y, sin embargo, los testimonios de sus amigas y familiares apuntan a una realidad gélida: nunca pidió ayuda. Si una mujer con las herramientas jurídicas, el
conocimiento del sistema y el acceso directo a las autoridades fue silenciada por el miedo y la violencia institucionalizada, ¿qué esperanza le queda a una ciudadana de a pie?
Actualmente, el gobierno promociona herramientas como el Chatbot Violeta de WhatsApp (33-14-15-10-02) y presume una red de Centros de Justicia para las Mujeres ubicados en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco. A la par, el Estado delega la persecución de estos crímenes a una Vicefiscalía de Investigación Especializada.Pero la sangre de Jessica nos grita una verdad irrefutable: esto no funciona. No es suficiente.
La infraestructura actual es una fachada burocrática que revictimiza y abandona. No basta con edificios que operan como cuellos de botella ni con líneas de mensajería automatizada. Jalisco requiere de urgencia un cuidado integral y una reestructuración profunda que deje de ser un eslogan político para convertirse en un escudo real.
Para que el Estado deje de ser cómplice por omisión de la violencia machista, es imperativa la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, con autonomía, presupuesto y un enfoque verdaderamente integral:
Ministerios Públicos y Policías Investigadoras exclusivas: La atención desde el primer contacto debe ser brindada por mujeres. Funcionarias dotadas de empatía real y estricta capacitación en perspectiva de género, obligadas a actuar bajo los más altos estándares de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.
Expansión Territorial Urgente: La violencia no respeta fronteras municipales. Es indispensable la apertura de Centros de Atención a la Mujer en los juzgados orales de Puente Grande, en Ciudad Judicial del fuero común, en Zapopan (incluyendo la zona norte y Tesistán), y progresivamente en todos los municipios del estado, así como en cada juzgado.
Líneas de Pánico Físicas: Instalación de infraestructura de emergencia (botones y líneas de pánico) distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, garantizando una respuesta policiaca inmediata.
Salud Mental Institucional: Es imposible brindar atención integral a las víctimas si quienes operan el sistema están colapsados. El Estado debe proveer atención psiquiátrica y psicológica permanente a las y los funcionarios de la Fiscalía para evitar la insensibilidad y el desgaste que terminan revictimizando a las mujeres.
Esta tragedia es un llamado directo a la administración estatal. El gobernador Pablo Lemus tiene una responsabilidad ineludible por cada gota de sangre derramada y por cada mujer violentada en el estado. Mientras el gobierno decida gastar el erario en cuestiones banales, en imagen pública o en proyectos superfluos, en lugar de invertir el presupuesto en proteger la vida de la mitad de su población, seguirá siendo responsable del luto de cientos de familias. La falta de inversión en una red de protección integral no es un simple error administrativo; es una condena de muerte.
Jessica Cárdenas dedicó su vida a intentar que el sistema funcionara para otras mujeres, hasta que el machismo y la indolencia estatal le arrebataron la suya. Que su feminicidio no se hunda en el archivo muerto de la impunidad. Es momento de que Jalisco deje de simular que protege a sus mujeres y comience, de una vez por todas, a salvarlas.