Los hechos que marcaron el desastre de la seguridad pública en el municipio fueron básicamente que en 2010-2012, tuvo 775 elementos y 38 patrullas en la calle, en tanto con Salvador Zamora en lugar de aumentar cuando menos proporcionalmente los recursos, los redujo. Entregó menos de 800 elementos y 26 patrullas, no obstante que la población más que duplicarse, los indicadores marcan que llegó al millón de habitantes.
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¿Que generó ese enorme desfase de recursos con el crecimiento poblacional atípico, en un periodo de catorce años? Aunque se pueden argumentar varios elementos, destaca la torpeza con que se manejó la administración municipal.
La historia cercana marca la referencia del año 2009, en que el gobierno de Felipe Calderón generó reformas constitucionales y de leyes, que permitieron proyectar la seguridad pública a un futuro prometedor.
Las reformas abarcaron desde la creación de subsidios federales a municipios y estados, hasta la creación de un centro de información que se venía marcando como necesario desde el gobierno de Carlos Salinas.
Además de la creación de la carrera policial y los mecanismos de control de conductas, sin descontar la mejora de condiciones salariales.
El centro de información fue financiado con recursos del Plan Merida y le llamaron Plataforma México, mismo que se alimentaba con información a partir del informe policial homologado y reportes de policías preventivas e investigadoras, de las fiscalías, los tribunales judiciales y las administraciones de los reclusorios.
Es enorme el rezago que se propició a dichos proyectos, empezando por la administración de Enrique Peña Nieto, que neutralizó la Plataforma Mexico que era operada por personal contratado de las universidades norteamericanas y sus instalaciones sumamente costosas fueron convertidas en bodegas, lo mismo sucedió con los sistemas de control y confianza, como con las academias policiacas, lo que
necesariamente llevó al traste la seguridad pública en el país.
Y si Peña Nieto saboteó el esfuerzo y la inversión del gobierno del país y los norteamericanos con Barak Obama, López Obrador le dio otra vuelta a la tuerca y acabó con lo poco que sus antecesores no lograron destruir.
En tanto los inconscientes gobiernos locales y municipales, se asociaron con la delincuencia organizada y le entregaron las corporaciones, lo que debilitó aún más la ya frágil estructura.
Como consecuencia de la destrucción de los proyectos de Felipe Calderón, los siguientes gobiernos retiraron los apoyos financieros a los municipios, como fue el caso del SUBSEMUN, que, si bien era apenas de diez millones de pesos para Tlajomulco, contra cien millones para Guadalajara y Zapopan respectivamente, se lograron adquirir algunas patrullas, armamento y uniformes para los policías.
Es cierto que los programas de Felipe Calderón necesitaban ajustarse, en casos como los subsidios, en criterios académicos, de selección y supervisión de personal, como en los procesos de información, pero la actitud drástica de los sucesores dieron al traste con un esfuerzo importante, que condujo la seguridad pública y la procuración de justicia a su estado actual.
El peor ejemplo de lo que no se debía hacer lo representó Tlajomulco, que a la fecha sigue cargando con delincuencia organizada, secuestros y cementerios clandestinos de personas ejecutadas, sobre todo de jóvenes y adolescentes. En tanto que sus administraciones permanecen enajenadas en decisiones superficiales y corruptelas, a costa de la población.
Con la consideración que la población actual de más de un millón de habitantes, debería contar con un mínimo de tres mil policías y más de doscientas patrullas que vigilen el enorme territorio que abarca el municipio, se continúa con una corporación entregada a la delincuencia y empobrecida.