Ante el reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para debatir si los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos —tras el impactante caso de un adolescente en Michoacán—, la Universidad Iberoamericana (IBERO) ha fijado una postura clara: la solución no está en endurecer las penas, sino en una reforma estructural del sistema de justicia.
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Una justicia a la medida de la infancia
A través de la iniciativa #IBEROPropone, el Departamento de Derecho de la universidad plantea que el sistema actual es ineficaz porque obliga a las infancias a adaptarse a un modelo diseñado por y para adultos.
La propuesta se basa en un hecho científico y humano:
- Los menores están en desarrollo emocional, cognitivo y físico.
- Sus procesos mentales y toma de decisiones son distintos a los de un adulto.
- Juzgarlos bajo los mismos estándares se considera, según la institución, una forma de “crueldad sistemática” e injusticia.
Las claves de la propuesta: Más allá de la sentencia
La IBERO sugiere transitar hacia un modelo de justicia adaptada que reconozca a niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos. Los puntos principales incluyen:
- Infraestructura Especializada: Crear espacios diseñados específicamente para la atención de menores, evitando entornos hostiles o intimidantes.
- Metodología Probada: Implementar modelos como el SAPCOV (utilizado en Chihuahua con apoyo de UNICEF), que busca adaptar los procesos judiciales a la edad de los participantes.
- Personal Multidisciplinario: No basta con abogados; se requiere personal capacitado en salud mental y física infantil para garantizar una atención integral.
- Protección a Víctimas y Testigos: El enfoque no solo aplica para los imputados, sino también para evitar la revictimización de menores que participan en juicios.
“Mantener un esquema legal que ignora las diferencias de desarrollo entre un menor y un adulto constituye una forma de crueldad sistemática.” — Propuesta IBERO.
Contexto local y visión a largo plazo
La universidad subraya que cualquier reforma debe considerar las realidades específicas de cada estado del país. En lugar de centrarse exclusivamente en el castigo, la IBERO sostiene que una transformación profunda del sistema permitirá proteger mejor a la infancia y, en consecuencia, construir una sociedad más segura a largo plazo.
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