Conforme avanza el reloj electoral hacia la cita del 3 de noviembre de 2026 cuando los ciudadanos estadunidenses irán a la elección de medio término, la presión sobre Donald Trump y los republicanos aumenta.
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Según las últimas encuestas de enero pasado, el respaldo del presidente apenas alcanza 37 por ciento, lo que ha encendido las alarmas frente a la posibilidad de perder una o ambas Cámaras del Congreso.
Para adelantarse a esa posibilidad y buscando un mayor control de las elecciones, los republicanos y el inquilino de la Casa Blanca han comenzado a redoblar sus esfuerzos para “nacionalizar” el proceso electoral.
Bajo esa lógica los republicanos promueven la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadunidense (SAVE), que incluiría requisitos de identificación de votantes a nivel nacional. Este requisito de mostrar documentación no se limita solo a los registros nuevos, sino que se aplicaría a cada “solicitud de registro para votar”.
Este proyecto cambiaría por completo métodos de registro de votantes como el registro por correo, las campañas de registro de votantes, el registro por internet y el registro automático de electores. Mediante esta ley, los republicanos y Trump prevén “rasurar” del padrón electoral a potenciales votantes demócratas.
Con este mismo propósito, Donald Trump ha comenzado a presionar para que cambien las reglas electorales que permitan que el encargado de realizar las elecciones sea el poder Ejecutivo y no los gobiernos estatales.
El jefe de la Oficina Oval ha montado toda una estrategia discursiva que apunta en esa dirección. No
se ha guardado nada y afirma que “los republicanos deberían nacionalizar la votación y tomar el control de al menos 15 lugares”. Insiste en preguntar “¿por qué el gobierno federal no realiza las elecciones?”.
La Constitución de Estados Unidos impide federalizar las elecciones. En su artículo I, sección IV, conocido como la “Cláusula Electoral” lo deja muy claro: “Los tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo; pero el Congreso podrá en cualquier momento mediante ley hacer o alterar dichas reglamentaciones, excepto en lo referente a los lugares de elección de senadores”. Es decir, por mandato constitucional las elecciones legislativas las deben organizar los estados.
Para ello, las legislaturas estatales aprueban leyes que regulan la apertura y el cierre de los centros de votación, las votaciones anticipadas y por correo, el número de buzones de entrega permitidos, así como establecer a los responsables del recuento de los resultados. Los secretarios de estado realizan auditorías para verificar las cifras y posteriormente certificar los resultados finales.
El modelo descentralizado permite a los funcionarios locales adaptar sus normas a las necesidades locales. La Constitución no prevé ninguna vía para que el presidente decida cómo se llevan a cabo las elecciones. Por lo tanto, independientemente de lo que Trump pretenda decir con nacionalizar las elecciones, no es algo que él tenga la facultad de ordenar.
Si Trump realmente quiere que el Gobierno federal tome el control de las elecciones, tendría que pasar por encima del Congreso. Frente a esta realidad Donald Trump no se ha callado y afirma: “Estados Unidos ni siquiera debería tener elecciones”. No olvidemos que en Davos el mismo Trump afirmó que hay
momentos que es necesario tener un dictador.
Todo esto tiene de fondo el temor de Trump a perder el control del Congreso, y con ello enfrentar un posible juicio político promovido por los demócratas que lo obligaría a renunciar antes de ser removido de cargo.