Como es de todos sabido al finalizar el segundo año de la administración de Tlajomulco de Zuñiga, el otrora líder de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro se embarcó en la candidatura de gobierno del estado para enfrentar al candidato del PRI, Aristóteles Sandoval. El interinato de un año lo cubrió el Síndico con bastante decoro, Alberto Uribe Camacho.
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La segunda administración le correspondió a Ismael del Toro, Secretario de la primera administración. Aristóteles obtuvo el triunfo para el gobierno del estado y el segundo periodo de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, a su vez tuvo más oscuros que claros.
Los habitantes insistían en el acercamiento de Del Toro con los dirigentes de la delincuencia organizada, que con la muerte de Ignacio Coronel habían establecido su residencia en el municipio, que, al decir de los habitantes del municipio, con la complacencia de la nueva administración municipal.
La administración inició con octubre de 2012 y para el periodo de 2014, el periódico Mural con información de la administración de PEMEX, aseguraba que el municipio en el país con mayor número de tomas clandestinas de hidrocarburos de los ductos era Tlajomulco. Efecto de una decisión de Enrique Peña Nieto Presidente de la República, que permitió el robo indiscriminado de hidrocarburos a las bandas, con la única condición que evitaran las confrontaciones entre ellos.
La permisividad de la administración municipal, como era de esperarse tuvo múltiples efectos. Entre otros la contaminación de funcionarios, en especial de las áreas operativas de la corporación policial. Contra lo que pudiera pensarse, a la delincuencia no le resultó costoso adquirir la lealtad de los elementos policiacos que obtenían ingresos municipales de dieciséis a dieciocho mil pesos los policías rasos.
A la delincuencia le bastó pagarles quinientos pesos por semana como gratificación o sea dos mil pesos al mes, lo que, para una fuerza operativa de setecientos elementos, incluyendo los mandos no gastaban más de dos millones de pesos al mes.
En términos generales, para los operadores de la delincuencia en la operación de la gasolina, los ingresos del grupo delincuencial eran superiores a los cien millones de pesos mensuales, con un costo máximo de cinco a diez millones de pesos a funcionarios municipales y policías.
De esa manera lo que ya venía contaminado por un manejo relajado de la administración municipal, se acentuó. Enrique Alfaro durante escasos dos años se empeñó en generar una imagen municipal estricta y Alberto Uribe continuó por la misma ruta.
Del Toro por su parte relajó el manejo de la administración y dejó operar a sus anchas al grupo delincuencial dominante, lo que lógicamente deterioró la eficiencia de la seguridad pública y dañó la imagen de la administración municipal, misma que a estas alturas no han logrado recuperar.
Las siguientes administraciones, todo parece indicar que no se han esforzado por rescatar la disciplina necesaria, además de que sus administradores rompieron con las normas de mejora de carrera policial, lo que contribuyó sustancialmente al desánimo de los elementos, que en algún momento pensaron se podría brindar un servicio eficiente y digno, a los habitantes del municipio.