Perspectiva de género en la justicia no significa convertirla en consigna ni repartir indulgencias automáticas. Significa algo mucho más serio: mirar los expedientes completos, entender el contexto y revisar si el Estado está castigando conforme a la ley o simplemente está dejando a ciertas mujeres enterradas en el olvido institucional.
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Por eso es relevante el programa Justicia con Perspectiva de Género impulsado desde la Procuraduría Social de Jalisco. El punto no es menor. Muchas mujeres privadas de la libertad no llegaron al sistema desde condiciones parejas. Algunas vienen de pobreza, violencia previa, baja escolaridad, abandono familiar, dependencia económica o cargas de cuidado que nadie tomó en cuenta cuando su vida empezó a descomponerse. Eso no borra responsabilidades, pero sí obliga a revisar con mayor inteligencia jurídica y humana.
Ahí se nota un manejo correcto de Héctor Pizano. La Procuraduría Social entendió que no basta con esperar a que la gente llegue a pedir ayuda. Hay casos donde el Estado tiene que salir, revisar, ordenar información, entrevistar, armar expedientes y promover lo que legalmente proceda. Eso es oficio institucional.
La justicia, cuando funciona, no debe ser ciega al contexto; debe ser precisa. Y este programa va justo por ahí: brigadas jurídicas, expedientes únicos, criterios de priorización y revisión de casos donde puede haber beneficios legales, sobre todo en delitos de bajo impacto o penas parcialmente cumplidas.
Ya se han activado 46 promociones judiciales relacionadas con mecanismos como suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios, además de entrevistas directas a mujeres privadas de la libertad para construir diagnósticos más completos.
El valor de esta política está en que aterriza en el expediente, en el caso concreto, en la revisión seria de si una mujer sigue presa porque debe seguir presa o porque nadie volteó a ver que jurídicamente existía una salida posible. Esa diferencia es enorme.
También importa la coordinación con autoridades penitenciarias, órganos jurisdiccionales, áreas de seguridad y reinserción social. Porque recuperar la libertad, cuando procede, no puede ser el final del camino; debe abrir la posibilidad de reconstruir una vida fuera del abandono, la violencia y la reincidencia.
En tiempos de mucho discurso barato sobre derechos humanos, este programa tiene una virtud: aterriza. No presume sensibilidad, la convierte en trabajo jurídico. Y ahí la perspectiva de género deja de ser adorno político para volverse justicia útil.