De cara a cualquier proceso social, económico o político las visiones del gobierno de la 4T y de la oposición suelen ser muy distintas. Por esa situación no podemos llamarnos a sorpresa las contrarias visiones sobre lo sucedido en Chihuahua, es decir, en cualquier país del mundo, incluyendo a México, las maneras de aprehender las realidades suelen ser distintas entre gobernantes y oposición.
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Sin embargo, una cosa es tener posturas diferentes frente a dinámicas nacionales y muy otra, dar maromas para defender lo indefendible, para querer alterar discursivamente la realidad e incluso anteponer los intereses de grupos o partidos políticos sobre el interés nacional. De esas historias y sus lamentables resultados tenemos mucho que recordar de lo sucedido durante el siglo XIX.
Lo acontecido los días 16 y 17 de abril en Guachochi, Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván quien permitió la presencia ilegal de agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en el estado norteño para combatir al crimen organizado, es una flagrante violación a la Constitución Mexicana. Eso, y no otra cosa, debe anteponerse a cualquier análisis y justificación que se quiera dar sobre el proceder de la mandataria estatal.
En ese sentido, la defensa a ultranza que realizó el panismo nacional y local de la gobernadora, muestra tres cosas muy lamentables que en nada abonan a la salud de la República: el desconocimiento de la ley por parte de los panistas comenzando por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera seguido de representantes populares blanquiazules; lo maltrecha que se encuentra la oposición que sigue sin encontrar la brújula para obtener el respaldo electoral de la población; y la desfachatez para permitir y justificar la presencia de agentes de la CIA “colaborando” con el gobierno estatal y violentando la soberanía nacional.
Lo hecho por la gobernadora María Eugenia Campos se llama traición a la patria.
No obstante, lo evidente del delito, además de sus correligionarios blanquiazules, en los días siguientes al accidente carretero en Chihuahua ha salido un alud de “periodistas” comentócratas y opinadores en su defensa y descalificación del gobierno federar por no hacer, afirman, lo que le corresponde en el combate al crimen organizado.
La prensa atrincherada en la extrema derecha ha “justificado” las acciones ilegales de los agentes de la CIA en territorio nacional porque estaban en una operación para localizar y destruir un narcolaboratorio.
Precisamente ese es el meollo del asunto, sin importar qué estaban haciendo en Chihuahua, la presencia en el estado de agentes extranjeros armados llevando a cabo acciones que competen al gobierno federal es una violación a la Constitución.
Resulta lamentable las maromas que dio el PAN y sus matraqueros para respaldar a su gobernadora y afirmar que lo hecho fue conforme a derecho y en beneficio de la nación.
Debemos recordar que en “beneficio de la nación” los conservadores del siglo XIX apoyaron la invasión francesa en nuestro país.